Caso Lucía Pérez: : la importancia de la nueva sentencia de Casación


Después del aberrante fallo de primera instancia en 2018, la Justicia bonaerense anuló la absolución de los asesinos y el encubridor. Con autocrítica y citas feministas, la nueva sentencia inicia el camino de justicia por Lucía.


Por Corina Engelmann

En lo que va del año, en Argentina murió una mujer cada 27 horas, según datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”. Al 69%, las asesinó una pareja o ex pareja. Pero el 12 de agosto tuvimos un respiro, con la decisión del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires de anular la absolución de los acusados de violar y matar a Lucía Pérez, el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata.

 

La Sentencia de primera instancia

El 26 de noviembre de 2018, el Tribunal Criminal Nº 1 de Mar del Plata resolvió absolver a Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado realizarse mediante suministro de estupefacientes, y por haber tenido como resultado la muerte de Lucía. También absolvió a Alejandro Alberto Maciel, acusado de encubrimiento.

La sentencia causó conmoción y con motivos. Los argumentos del Tribunal, además, fueron aberrantes. A Lucía la habían llevado a una sala de auxilio, lavada y vestida, pero muerta. La perito informó que tenía lesiones graves en la zona genital y anal, y que había consumido muchos más estupefacientes de los que una persona de 16 años podía soportar. Farías era su dealer.

En un fallo largo, los tres jueces desarrollaron cuatro líneas argumentativas que hicieron llorar. Según ellos, Lucía fue a la casa de Farías porque quiso; era una mujer con carácter que tenía mucha experiencia sexual; Farías y Lucía habían tenido previamente una relación sexoafectiva; y Farías había tenido gestos de buena persona con Lucía.

Para desarrollar estos argumentos, hurgaron en la historia de Lucia sin disimulo. Recolectaron testimonios sobre la personalidad de Lucía y su experiencia sexual, citaron mensajes de texto de donde se desprenden intimidades, entre otras “pruebas”. La intención fue, desde el inicio, probar que una persona “promiscua” como Lucía no pudo haber sido violada. También se destacó que Farías era “bueno”, porque compró facturas para el encuentro y llevó el cuerpo a una sala de auxilios en lugar de abandonarlo en una zanja.

Respecto a si hubo o no violación, el Tribunal menciona “certeza negativa”. ¿Qué significa? Que se argumentó la absolución no basándose en el principio de duda (cuando no hay pruebas suficientes) sino en la “certeza” de que el hecho no había ocurrido. Como si en medio de un juicio por homicidio, el muerto apareciera caminando.

Se mencionó que Lucía había ido a la casa de Farías por propia voluntad, y que Farías estaba interesado en ella afectivamente a pesar de su edad. Que Lucía hubiera podido fácilmente negado a un encuentro con él de no haberlo deseado. Lo que hacen estos razonamientos es desconocer que el único consentimiento válido es el que se da al momento del acto, y que en este caso, Lucía no podía dar un consentimiento: lxs cinco peritxs presentes en la autopsia afirmaron que la causa más probable de muerte fue una sobredosis, y el mismo Farías le dijo a la policía que Lucía se había desvanecido mientras mantenían relaciones sexuales.

Entonces, como no hubo abuso, tampoco pudo haber encubrimiento. En un principio, Alejandro Maciel fue acusado de ayudar a Farías y Offidani a borrar los rastros. Según la querella, los ayudó a limpiar y vestir el cuerpo de Lucía, y los llevó a la sala de auxilio. Luego volvió a la casa de Farías, limpió y escondió las drogas.

Si bien una de las médicas afirmó que el cuerpo estaba asombrosamente limpio, al momento de realizar la pericia no se tomaron muestras. El detalle: Lucía tenía puesta una toallita íntima, y según el Tribuna, “resulta imposible considerar” que la hubieran colocado los acusados.

Esta sentencia vino a desnudar la manera en que los mitos machistas también operan en el sistema judicial. El gran mito que sostiene que quien nos viola es un desconocido escondido en una esquina como argumento suficiente para probar que lxs involucradxs se conocían previamente (y peor si ya habían tenido encuentros sexuales), para así  descartar por completo que existió alguna clase de violencia sexual.

O el que sostiene que no existe jerarquía social y todo lo que nos pase a las mujeres lo podemos elegir, como lo eligen los hombres en libertad. Pero el peor de todos los mitos en que se basó esta sentencia es quizás el más famoso: si una mujer tiene sexo libremente es imposible considerar que haya sufrido violencia sexual.

La importancia de la sentencia de Casación 

Hasta aquí, lo que probablemente fue uno de los fallos más cargados de violencia machista institucional de los últimos años. Pero apareció una pequeña luz al final del túnel judicial. Dos años después, Casación intenta revertir el daño, revirtiendo la absolución de los acusados, e iniciando el camino de justicia por Lucía.

El Tribunal también describió a la sentencia de primera instancia como “un decisorio subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”, y afirmó que el Tribunal de primera instancia ejerció violencia institucional contra Lucía Pérez y su familia.

Al respecto, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará) establece que es obligación del Estado (por ende, de los Tribunales) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres (art 7).

Citando a una de las principales referentes mundiales del feminismo jurídico, el Tribunal de Casación incluyó en la sentencia tomas de posición como la siguiente: “Catharine Mac Kinnon refiere que la ley contra la violación divide el mundo de las mujeres en ámbitos de consentimiento, según cuanto se presume legalmente de las mujeres en lo que se refiere al acceso sexual por parte de diferentes categorías de hombres. Señala que la ley divide entre mujeres violables (niñas buenas, virginales) y mujeres no violables (niñas malas, esposas, prostitutas, que consienten) y si el acusado conoce a la mujer, como en este caso, el consentimiento se presume.”.

Así, se acusó al Tribunal de primera instancia de haber fundado su sentencia en prejuicios y suposiciones de género que se califican como “intolerables”, convirtiendo este fallo en lo que probablemente será uno de los precedentes más citados en el ejercicio jurídico del derecho penal feminista.

El Tribunal de Casación citó también a Julieta Di Corleto, una de las académicas argentinas contemporáneas más importantes en materia de género y derecho penal, y a otras expertas como Rebecca Cook, Simone Cusack o Dunkan Kennedy, quien define el concepto de “víctima perfecta”, lo que acá vendría a cumplir Lucía: la mujer que no se ajusta a las normas patriarcales no merece protección estatal, una de las más violentas muestras de disciplinamiento social a las mujeres. 

Ahora que sí nos ven. 

El sistema judicial de Argentina tiene mucho que revisar y no será ésta la última vez que debamos reclamarlo. Pero sí, quizás, es la primera vez que de los propios tribunales locales salen las palabras que nuestras voces gritaron en el 2016, cuando los medios condenaban a Lucía y, dos años después, cuando la justicia la convertía en responsable de su propia muerte.

La justicia argentina se atrevió, de una vez por todas, a tirarle fuerte de las orejas a los dinosaurios que nos revictimizan. Y lo hizo explicando con claridad por qué lo que habían escrito y decidido antes se traducía en violencia contra Lucía, y lanzaba un peligroso mensaje a las mujeres. Lo hizo con información, definiendo temas centrales, citando nuestros manuales de lucha y a nuestras luchadoras favoritas.

Queda mucho por hacer. Pero este precedente sólo puede dar fuerza a la lucha feminista, porque nuestras voces están siendo escuchadas y repetidas por las esferas de poder, aún ocupadas en su gran mayoría por hombres. Hasta que estas sillas no sean nuestras, debemos repetir hasta el hartazgo que merecemos vivir libres de violencia machista y que el Estado es el principal responsable de eliminarla. Se lo debemos a Lucía Perez, a Melina Romero, a Micaela García, y a todas las mujeres que no volvieron a casa. 

 

Fuente: Corina Engelmann para ChEEk

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